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El pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó una senda de déficit para las comunidades más benévolo que la actual (del 0,2% en lugar del 0%), con el objetivo de aplacar el descontento autonómico el IVA de 2017 que dejaron de cobrar (2.500 millones de euros). Pero no solo es una guerra de comunidades autónomas. Los ayuntamientos se han unido a ella y los del PP ya han anunciado que irán a los tribunales para reclamar 750 millones también del IVA.

Para calmar los ánimos, ayer el Gobierno comunicó a los ayuntamientos la nueva senda fiscal que les propone para el periodo 2020-2023, mantiene la previsión de déficit cero sin llegar a exigir superávit ninguno de los años. Este martes, el Consejo de Ministros aprueba una senda de estabilidad presupuestaria que se prevé más suave tras la negociación con Bruselas.